mayo 06, 2017
Guatemala, 6 may (PL) Múltiples voces cuestionan hoy la decisión del Gobierno de Guatemala de decretar una amnistía fiscal por 90 días, a partir del 20 de mayo, por cuanto pudiera alentar la impunidad y la irresponsabilidad de los morosos.
El Acuerdo Gubernativo No. 82-2017, publicado el viernes en el oficial Diario de Centroamérica, exonera de multas, recargos, intereses y moras a personas individuales y jurídicas de cualquier actividad económica que mantienen deudas con el Estado anteriores al 1 de enero de 2017.
De tal suerte, permitirá al contribuyente retardado en sus pagos ante la Superintendencia de Administración Tributaria gozar del beneficio de una exoneración del 100 por ciento en el primer mes, 95 por ciento en el segundo y 90 por ciento en el tercero.
Lejos de promover la formalización y dinamización de la economía o alentar a pagar la totalidad de los impuestos adeudados, como esperan las autoridades, esta medida debilitará la moral tributaria al asestar un duro golpe a los contribuyentes honrados y cumplidores, señalaron economistas.
Consideraron, además, que aunque el acuerdo no perdona ningún impuesto, es una prueba de la proclividad de las autoridades a incurrir en prácticas injustas siempre en beneficio de los sectores más acaudalados.
'Como agravante, el privilegio aplicará sin importar si se han promovido o no procesos administrativos o judiciales, o de la instancia en la que se encuentren esos procesos', advirtió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Por consiguiente, 'esta medida es una violación grave al principio de justicia tributaria, porque por un lado constituye una protección excesiva y una ventaja injusta para quienes han incumplido sus obligaciones tributarias', manifestó la entidad regional.
Pero por otro, este privilegio para los contribuyentes morosos e incumplidos perjudica severamente a quienes han hecho el esfuerzo de actuar con responsabilidad democrática pagando sus impuestos de forma íntegra, puntual y cumplida, añadió.
En el caso de los empresarios, agregó, impide la competencia libre y sin privilegios que ordena la Constitución Política, principio sobre el cual supuestamente está basado el modelo económico prevaleciente.
A juicio de los expertos, la frecuencia con la que los gobiernos anteriores promovieron amnistías fiscales como esta provocó que los contribuyentes morosos ignoraran la medida, convencidos que tarde o temprano llegaría un nuevo perdón tributario.
De 2012 a 2015 el expresidente Otto Pérez Molina concedió varios beneficios como este y para los especialistas del Icefi, la reincidencia en la medida es un retroceso en materia fiscal, porque es contraria a la urgencia de una reforma tributaria integral y profunda, en apego a los principios de equidad y justicia en materia impositiva.
lam/ism
El Acuerdo Gubernativo No. 82-2017, publicado el viernes en el oficial Diario de Centroamérica, exonera de multas, recargos, intereses y moras a personas individuales y jurídicas de cualquier actividad económica que mantienen deudas con el Estado anteriores al 1 de enero de 2017.
De tal suerte, permitirá al contribuyente retardado en sus pagos ante la Superintendencia de Administración Tributaria gozar del beneficio de una exoneración del 100 por ciento en el primer mes, 95 por ciento en el segundo y 90 por ciento en el tercero.
Lejos de promover la formalización y dinamización de la economía o alentar a pagar la totalidad de los impuestos adeudados, como esperan las autoridades, esta medida debilitará la moral tributaria al asestar un duro golpe a los contribuyentes honrados y cumplidores, señalaron economistas.
Consideraron, además, que aunque el acuerdo no perdona ningún impuesto, es una prueba de la proclividad de las autoridades a incurrir en prácticas injustas siempre en beneficio de los sectores más acaudalados.
'Como agravante, el privilegio aplicará sin importar si se han promovido o no procesos administrativos o judiciales, o de la instancia en la que se encuentren esos procesos', advirtió el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Por consiguiente, 'esta medida es una violación grave al principio de justicia tributaria, porque por un lado constituye una protección excesiva y una ventaja injusta para quienes han incumplido sus obligaciones tributarias', manifestó la entidad regional.
Pero por otro, este privilegio para los contribuyentes morosos e incumplidos perjudica severamente a quienes han hecho el esfuerzo de actuar con responsabilidad democrática pagando sus impuestos de forma íntegra, puntual y cumplida, añadió.
En el caso de los empresarios, agregó, impide la competencia libre y sin privilegios que ordena la Constitución Política, principio sobre el cual supuestamente está basado el modelo económico prevaleciente.
A juicio de los expertos, la frecuencia con la que los gobiernos anteriores promovieron amnistías fiscales como esta provocó que los contribuyentes morosos ignoraran la medida, convencidos que tarde o temprano llegaría un nuevo perdón tributario.
De 2012 a 2015 el expresidente Otto Pérez Molina concedió varios beneficios como este y para los especialistas del Icefi, la reincidencia en la medida es un retroceso en materia fiscal, porque es contraria a la urgencia de una reforma tributaria integral y profunda, en apego a los principios de equidad y justicia en materia impositiva.
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