mayo 11, 2017
La Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación CSIVI sección FARC-EP en su comunicado 01 hizo saber que, aunque en el acuerdo final de paz se establece que el objetivo de esta comisión es velar por el cumplimiento de lo acordado, el Gobierno Nacional no ha conciliado con esta instancia. Más exactamente en el numeral 6.1, punto b, se expresa que los objetivos de la CSIVI son:
“Resolución de diferencias; seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento; impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos; informes de seguimiento a la implementación; recibir insumos de instancias encargadas de la implementación”
Ante los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, después de seis meses de firmado el Acuerdo final, no se ha avanzado de manera significativa en la implementación de éste. En el momento sólo se han presentado “ante el Congreso tres proyectos de ley y tres actos legislativos, además de dos decretos de ley que han sido expedidos por el presidente en ejercicio de sus facultades extraordinarias”.
La CSIVI–FARC manifestó también que sobre la implementación del punto 1 del Acuerdo final "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral", el Gobierno ha desconocido el papel de esta comisión, evitando las discusiones en esta instancia; sin embargo se están haciendo las socializaciones con las comunidades, mostrando un solo punto de vista y no la visión de las dos partes.
Estos hechos constituyen una violación a lo pactado, puesto que se está legislando con la voluntad de una de las partes sin consensuar con la totalidad de la CSIVI; tal y como está dispuesto en el punto de implementación. Por lo tanto el proyecto de Ley “Por la cual se adoptan disposiciones de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales y se dictan otras disposiciones” va en contravía de lo acordado en La Habana ya que afecta los derechos de la comunidades campesinas y étnicas sobre la autonomía de sus territorios; derechos dispuestos en la Ley 160 de 1994.
De esta manera el proyecto de Ley está siendo socializado por el Gobierno, de forma unilateral, sin contar con el procedimiento debido para ser tramitado vía fast track. Así fue denunciado por la CSIVI- FARC puesto que afecta negativamente la redistribución de tierras para campesinos que cumplan con las condiciones de vulnerabilidad y pobreza para poder ser beneficiarios de la Reforma Rural. De ser aprobada esta Ley se afectarían las anteriores leyes sobre la redistribución de tierras como la Ley 135 de 1960 y la Ley 160 de 1994.
Comunicado completo de la CSIVI-FARC
Fuente: Agencia Prensa Rural
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