martes, 13 de junio de 2017

Entrevista con Héber García Zambrano, ex candidato a la asamblea del Tolima y dirigente regional de la Unión Patriótica.

Héber García Zambrano. Foto Nelosi.
Martes 13 de junio de 2017 El fenómeno paramilitar no es una terrible pesadilla del pasado en el departamento del Tolima. Incluso, el monstruoso binomio militar-paramilitar aún se da con fuerza en esta sección del país. Así lo afirma Héber García Zambrano, ex candidato a la asamblea del Tolima y dirigente regional de la Unión Patriótica (UP). “El fenómeno paramilitar en el Tolima sigue vigente”, señala categóricamente.

Indica el también líder de derechos humanos que la banda paramilitar del batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral continúa vivita a pesar de haber sido detenidos algunos de sus miembros de bajo rango, al parecer los “gatilleros”. “La banda paramilitar del batallón Caicedo sigue incólume, pese a que fueron capturados unos militares activos y unos civiles acusados de homicidios”, subraya.

Señala el dirigente upeísta que los militares vienen saboteando el proceso de paz, ofreciendo dinero a los guerrilleros ubicados en las zonas veredales transitorias de normalización para que deserten. Además, las autoridades militares y civiles vienen subvalorando las denuncias formuladas por distintas organizaciones políticas de izquierda, de derechos humanos y ambientalistas.

Según el dirigente de la Unión Patriótica Héber García Zambrano, la forma de actuar las Fuerzas Militares obedece fundamentalmente a la doctrina militar de la Escuela de las Américas, del enemigo interno. Se sigue adoptando la política contrainsurgente como si no hubiera un proceso de paz en etapa de implementación. “Se sigue actuando –dice– como si este departamento estuviera en guerra”.

En este territorio, corazón geográfico de Colombia, se han presentado asesinatos de familiares de guerrilleros. Incluso, en el cañón de Las Hermosas en Chaparral, la casa de unos familiares de guerrilleros fue incendiada. Todo sucede en medio de la más delirante militarización. Según García Zambrano hay militares al norte, al sur, al occidente y al oriente del Tolima.

El paramilitarismo se mueve como Pedro por su casa, precisamente por el presunto apoyo de las autoridades. “Si no tuviera el apoyo de las autoridades, principalmente, ellos no podrían actuar”, expresa.

Señala también Héber García Zambrano que en la ciudad de Ibagué existe el paramilitarismo de bajo perfil a través del microtráfico y tráfico de estupefacientes, “el gota a gota”, etc. “En Ibagué se vive una calma chicha”, destaca.

Dice Héber García Zambrano que, junto a su organización de la cual hace parte y en unión con organizaciones afines, seguirá denunciando y llamando al Gobierno nacional para que desestructure de verdad la estructura paramilitar y permita la implementación de los acuerdos de La Habana. Llama a la unidad y a reactivar los mecanismos viejos de preservación de los cuadros y líderes populares en el Tolima.

En exclusiva para la página web www.pacocol.org, el reportaje con Heber García Zambrano es el siguiente:

—¿Perdura el paramilitarismo en convivencia con un sector del militarismo en el Tolima?

—Es evidente, pese a la negativa de las autoridades militares y políticas del departamento, negando la existencia de las bandas paramilitares; los hechos corroboran lo contrario. En el departamento del Tolima, como lo decía muy valientemente nuestra presidenta nacional de la Unión Patriótica, Aida Avella Esquivel, en una de sus giras por el departamento en el 2015, denunció la presencia de bandas paramilitares en varios municipios del departamento.

Declaraciones que fueron negadas automáticamente por las autoridades militares, civiles y de policía. Lo cierto es que el fenómeno paramilitar en el Tolima sigue vigente, las amenazas contra líderes sociales, dirigentes campesinos, dirigentes indígenas, líderes ambientales, líderes sociales, líderes del movimiento de víctimas, se siguen dando en el departamento. Es un hecho real, demostrable con las denuncias, hechos que han sido conocidos por las autoridades del departamento, por la Defensoría regional del Pueblo. Esta ha emitido unas alertas tempranas donde llama la atención sobre el fenómeno paramilitar y de las amenazas en el Tolima.

Un hecho contundente e irrefutable de que sí siguen existiendo las estructuras paramilitares en este departamento es que la banda criminal del batallón Caicedo sigue incólume pese a que fueron capturados unos militares activos y unos civiles acusados de unos homicidios. Lo cierto es que la estructura de esta banda militar-paramilitar del batallón Caicedo sigue funcionando, cometiendo amenazas en el departamento, sur del Tolima; eso lo está investigando la Fiscalía General de la Nación. Ahí están las versiones de los soldados involucrados en estos hechos.

Cogieron unos soldados, cogieron a los que apretaban el gatillo para matar campesinos y hacer la mal llamada “limpieza social”, pero los actores intelectuales, la cúpula, los que se idearon y orquestaron estos planes criminales, donde murieron dirigentes populares en Chaparral, donde hubo una mal llamada “limpieza social”, donde mataron indigentes, drogadictos y otras personas, esas cabecillas militares del batallón Caicedo hoy día los trasladaron a otras zonas, a otros los ascendieron de rango, pero no están pagando cárcel. Es la hora que no ha sido judicializado un solo alto mando militar de esa unidad militar por estos atroces crímenes.

Eso demuestra que aquí siguen existiendo las amenazas, el sabotaje a las zonas veredales transitorias y de normalización, particularmente a la zona veredal de Marquetalia, cuna de la resistencia, en Planadas. Es un hecho real de que estas estructuras militar-paramilitares siguen funcionando, siguen atentando y conspirando contra el proceso de paz. Hay un sector de las Fuerzas Militares y de la Policía que está conspirando contra el proceso de paz, les están ofreciendo plata a los guerrilleros para que deserten de las zonas veredales.

Es más: No son únicamente los militares y la Policía. Los órganos judiciales siguen también poniéndoles palos a las ruedas de la implementación de los acuerdos, siguen armando montajes judiciales contra campesinos, inventándole cualquier tipo de montajes para judicializarlos. O sea, con un desconocimiento absoluto de lo pactado en los acuerdos, siguen negando las amnistías a varias personas, siguen orquestando montajes judiciales para involucrar a las personas a la comisión de otros delitos y con ello lo que pretenden es aislarlos, confinarlos en una cárcel y truncar todo el proceso.

—¿Las denuncias que vienen haciendo la Unión Patriótica, el Partido Comunista y Derechos Humanos, las siguen subvalorando los organismos del Estado y el mismo gobernador de este departamento?

—Por supuesto. Esto no es de ahorita. Las denuncias que muy valerosamente han documentado, que han hecho el Partido Comunista, la Juventud Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, los otros sectores, los sectores ambientalistas, siguen negándolas. Siguen negándolas de tajo, a pesar de que hacen unas reuniones, unos comités de seguimiento, unos consejos de seguridad de seguimiento. Pero el tema es que una de las cosas graves, supremamente graves que acontecieron en este proceso, es que no se negoció el tema de la doctrina militar.

Mientras la doctrina militar en Colombia siga siendo la doctrina militar contrainsurgente que viene de la Escuela de las Américas, aquí va a seguir existiendo violación de derechos humanos, persecución, homicidios, asesinatos, amenazas, desplazamientos, judicializaciones, porque la doctrina no ha cambiado. Aquí hay una resistencia tremenda a cambiar el chip, todavía se sigue pensando como si este departamento estuviera en guerra, no entienden que aquí estamos en tránsito a otro momento supremamente importante para nuestro país, para nuestro departamento. Los militares y la Policía tienen que hacer un esfuerzo por también entender que debemos transitar a otro espacio, a otro momento de la vida de este país, donde debemos avanzar hacia la paz.

De ahí la importancia de que también se modifiquen estos comportamientos. Mientras sigan entendiendo que cualquier luchador social denuncie y esté a favor de los derechos humanos, en contra de la megaminería, defendiendo nuestro patrimonio ambiental, defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, defendiendo los derechos de las mujeres, los derechos de las víctimas, los derechos de los indígenas y de los campesinos, sigan siendo estigmatizados y macartizados por su actividad social, pues va a ser muy complicado construir la paz. Y esa es una exigencia para poder avanzar.

Nosotros seguiremos denunciando, seguiremos acompañando las comunidades de la mano con las organizaciones hermanas en la denuncia de todos estos atropellos, porque los hechos son evidentes. Ya han asesinado familiares de guerrilleros en el municipio de San Antonio, en Riomanso en el municipio de Rovira, en otros sectores han quemado la casa, caso del cañón de Las Hermosas en el municipio de Chaparral, que le quemaron la casa de una familia de unos guerrilleros; panfletos amenazantes en corregimientos, rumores, muy propios de la inteligencia militar para desorientar e infundir temor.

Todo esto se sigue dando y nosotros seguiremos denunciando, documentando y uniéndonos con las organizaciones hermanas para denunciar y hacer frente a esta campaña que pretende echar al piso este acuerdo tan importante para nuestro país como es el acuerdo de paz con el movimiento guerrillero.

—También se rumora que los espacios que dejó el movimiento guerrillero los viene ocupando el binomio militar-paramilitar. ¿Qué hay de cierto en esto?

—Pues eso se ha denunciado, eso ya es vox populi en nuestro país de que en vastas zonas del territorio nacional que quedaron desamparadas, que fueron desocupadas por el movimiento insurgente en su tránsito hacia las zonas veredales, pues han sido copadas por bandas criminales, por los paramilitares.

Estos hechos criminales de atentados contra personas, incluso contra los mismos integrantes de las FARC-EP en tránsito a la reincorporación a la vida civil, son demostrativos todos estos hechos que venimos denunciando: asesinatos, persecuciones, las quemas de casas, la persecución contra familiares de los guerrilleros se siguen dando.

Lo peligroso y lo grave de esto es que esto viene ocurriendo en zonas totalmente militarizadas. Usted se pone a mirar las unidades militares en todas las zonas donde estuvo el movimiento guerrillero, ahí está el Ejército. Uno no entiende cómo pasa esto en una zona militarizada. Planadas, militarizado; Chaparral, militarizado; Rioblanco, militarizado; el oriente, militarizado. Usted encuentra Ejército de norte a sur, de oriente a occidente. No entiende uno cómo pasan estos hechos y de manera desvergonzada lo siguen negando las autoridades.

—¿Cuáles serían los municipios con más presencia paramilitar en el caso del departamento de Tolima?

—Se está trabajando en la construcción de un mapa de riesgos. Igualmente, la Defensoría del Pueblo tiene también su propio sistema de alertas tempranas, sus informes de riesgos; nombra y devela la existencia del paramilitarismo, de las bandas criminales que ellos llaman, en varios municipios del plan Tolima, en el sur, en el norte, en varios municipios.

Por ejemplo, en la zona del oriente por el lado del Sumapaz, de Pandi, Cabrera, San Bernardo pues hablan de la presencia de encapuchados, vestidos de negro, son los militares-paramilitares porque ellos actúan y siguen actuando como lo han hecho siempre de la mano de las autoridades. Si no tuvieran el apoyo de las autoridades, principalmente, ellos no podrían actuar. Esto es un hecho supremamente grave que nos llama a estar en alerta y a exigir del Gobierno nacional cumplimiento real de lo que se pactó y se acordó en las garantías de seguridad y los mecanismos de lucha contra el paramilitarismo que se había acordado, pero se necesita que se haga realidad en toda Colombia.

De lo contrario, va a ser muy complicado el avance de la implementación en las regiones, porque es en las regiones donde se siente más este fenómeno. Igualmente, Ibagué. En Ibagué, se vive una calma “chicha”, como decimos coloquialmente, pero acá existen estructuras y bandas paramilitares que actúan de muy bajo perfil, pero que existen, existen. Este está ligado al microtráfico, ligado al narcotráfico, a la criminalidad, al tema del “gota a gota”. Existe sí, existe en Ibagué. Como se dice de la Personería para abajo lo niega, las autoridades de policía también, pero lo cierto es que este fenómeno existe, es real.

El llamado es a estar alerta, aplicar nuestros principios de organización, la preservación de cuadros, política que tanto se trabajó y que hizo parte del trabajo de las organizaciones revolucionarias. Hay que retomar los mecanismos de preservación, no podemos estar dependiendo solamente de un esquema de protección. Eso no es suficiente. Hay que acudir a otros mecanismos para tratar de preservar nuestra integridad nuestra, de nuestras familias, hacer énfasis en la disciplina, conocer el contexto regional, tener el mapa de riesgo, eso nos da una lectura clara de lo que realmente está pasando en tiempos de paz.

Por:Nelson Lombana Silva 

Fuente: prensarural.org

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